Enemigos de la sanidad pública

¿Qué está pasando con la sanidad pública en este país, que parecía que iba ser un derecho permanente e intocable pero ahora su futuro se ve poco claro? Responder a esta pregunta requeriría más desarrollo argumentativo y más conocimientos de los que yo soy capaz de ofrecer, pero creo que, a modo de pequeña reflexión, sí conviene tener ciertas cosas claras.

1) Para situar el tema debemos señalar, en primer lugar, que la Sanidad Pública en este país ha llegado a ser una de las mejores del Mundo. Desde su universalización (Ley General de Sanidad, 1986) hasta la llegada de la crisis, los niveles de calidad en la asistencia sanitaria -en términos generales- resultaron ser bastante óptimos, aunque siempre susceptibles de mejorar.
Según datos de la OCDE con respecto a 2009, España tiene un presupuesto sanitario parecido a Italia o Portugal, e inferior al de Francia o Alemania. Sin embargo, en todos esos países la esperanza de vida es igual o menor que la de aquí, de modo que la eficiencia de nuestro Sistema de Salud es un dato a destacar. En otras palabras, la relación calidad/precio de nuestra Sanidad Pública, hasta ahora, es mejor que la de otros Estados europeos.

2) En los últimos tiempos el Partido Popular ha empezado a privatizar hospitales pertenecientes a la red pública, alegando que “externalizando” su gestión se logra un ahorro a las arcas del Estado, al tiempo que –dicen- se mantiene la calidad asistencial. La realidad es que las privatizaciones ni ahorran, ni garantizan las buenas condiciones en la atención sanitaria, sino todo lo contrario.
Organizaciones como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSAP), la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid, o un informe elaborado por Comisiones Obreras y UGT, han demostrado con datos contantes y sonantes que privatizar resulta más caro para el erario público, contrariamente a lo que pretende el PP.
Un hospital público de gestión privada de nueva construcción es edificado y equipado por la empresa que se encargará de dirigirlo. En un primer momento, parece que al Estado le sale más barato; el problema es que la Consejería de Sanidad correspondiente ha de pagar un dinero mensual a la empresa privada que lo gestiona, y al cabo de 15 o 20 años, el total de presupuesto público dedicado a esos pagos resulta ser más caro que si se hubiera construido y gestionado por el Estado desde el principio.
Valga como ejemplo el hospital de Alzira (Valencia). Un hospital público cuya gestión fue adjudicada a una empresa privada; esa empresa lo quebró, la Comunidad Valenciana volvió a asumir su gestión, y una vez reflotado, la misma empresa que arruinó el servicio, resultó elegida para dirigirlo nuevamente. ¿Qué más quiere una empresa privada que dedicarse a un negocio en el cual, cuando todo va mal, el Estado asume las pérdidas?
Esto por lo que respecta al tema presupuestario o monetario. Desde el punto de vista cualitativo, de calidad asistencial, el modelo ‘hospital público de gestión privada’ nos depara otras sorpresas nada agradables.

Una vez inaugurados, lo primero que hacen este tipo de centros es mandar a la sanidad pública a los pacientes cuyos tratamientos son caros y prolongados en el tiempo, para que se haga cargo de ellos el Estado, mientras ellos se quedan con las patologías más baratas de resolver. Otro sableo a las arcas públicas y otro empeoramiento en la calidad asistencial.
Como sabemos, el criterio de libre empresa no entiende de necesidades asistenciales, y además de deshacerse de pacientes que ‘estropean’ su ratio de beneficios, recortan presupuesto en todo lo imaginable, con el consiguiente riesgo para la salud de los pacientes atendidos, o, mejor dicho, des-atendidos.
Para saber qué pasa cuando los centros sanitarios de la red pública pasan a ser gestionados por empresas privadas, no hay que irse muy lejos; todos los trabajadores de la sanidad sabemos, porque lo hemos visto, que cuando un paciente hospitalizado en una clínica privada sufre complicaciones, no tardan en llamar a una ambulancia para llevarlo a las urgencias de un hospital público. Como lo primero es lo primero (el dinero), en los turnos de noche no dejan suficiente personal ni medios técnicos, y cuando hay problemas serios con algún enfermo, le pasan el marrón a la sanidad pública. Ese es el modelo que nos espera si no detenemos esta dinámica a la que pretende llevarnos la derecha.

3) Otra problemática que se plantea en los hospitales públicos de gestión privada es el deterioro de los derechos laborales de los trabajadores. En Madrid, los centros de este tipo abiertos por Esperanza Aguirre tienen un personal sanitario (enfermería, médicos, auxiliares de clínica) mal pagado y con peor horario de trabajo que en la pública. En caso de conservar personal sanitario que antes pertenecía a la red pública, en los de gestión privada se les rebaja igualmente el sueldo y el resto de condiciones laborales. Con respecto a personal subalterno como celador, se incorporan a la plantilla a través de una subcontrata, que paga al empleado unos 800 euros al mes trabajando a tres turnos.

4) Si privatizar aumenta el costo para el Estado, desciende la calidad del sistema sanitario y empeora las condiciones laborales de sus trabajadores ¿por qué el PP insiste en este modelo? Porque en lo que está pensando es en beneficiar a los empresarios que se dedican al negocio de la sanidad, en detrimento del resto de la población.
Colectivos y asociaciones como la FSDAP, antes mencionada, han reunido datos de sobra para publicar informes con nombre y apellidos de esos capitalistas propietarios de empresas sanitarias a los cuales se piensa conceder y se han concedido ya contratos millonarios con todas las facilidades.

Javier Fernández-Lasquetty (consejero de sanidad madrileño), y otros como él, llevan tiempo declarando a los medios que la Administración Pública nunca ha sido tan eficiente como la privada. Se podrían poner sobre la mesa muchos datos que lo desmienten, pero por no aburrir, simplemente recordaré una conversación con un antiguo compañero de instituto. Hace años que trabaja en una empresa de obras públicas. Empezó siendo una entidad de carácter público, pero en cierta ocasión nos cruzamos en la calle y me dijo que la habían privatizado.
-“Entonces ahora habrá menos jefes que antes, ¿no?”, aventuré.
-“¡Qué va…! Si ahora tenemos más que antes”, respondió.

Por todo ello, el ataque del que más urge defender a la sanidad pública es la privatización. Esta tendencia no es algo nuevo: hay ciertos servicios que antes eran asumidos por la propia red pública de salud (lavandería, cocinas, una parte de las ambulancias, etc.), y desde hace unos años se están subcontratando. Lo que pasa ahora es que, con la excusa de la crisis y el déficit público, la derecha pretende cumplir uno de sus sueños de oro: no privatizar parte del sistema sanitario, sino todo o casi todo.
Mientras los neoliberales no se bajen del burro -con crisis o sin crisis de por medio- la privatización es una amenaza a la cual vamos a tener que enfrentarnos. En las circunstancias actuales, simplemente, la crisis se lo ha puesto a huevo; pero sus intenciones siempre han estado ahí, de manera silenciosa. Aunque a veces no ha sido de un modo tan latente. Un miembro del equipo de George W. Bush dijo en su día: “yo no pretendo eliminar el Estado; lo que quiero es reducirlo hasta que pueda ahogarlo en una bañera”.

5) La mejor manera de garantizar un sistema sostenible es empezar por eliminar despilfarros presupuestarios y trabajar por aumentar la eficiencia en la gestión desde todos los puntos de vista. Es posible hacer más con menos.
Para entender el problema, cabe imaginar una analogía entre la Administración Pública y la red de abastecimiento de agua. En los años noventa, cuando empezaba a hablarse del trasvase Tajo-Segura, hubo varios ingenieros que se mostraron en contra del mismo: aseguraban que bastaba con reparar las fugas de agua existentes por toda la red; así no haría falta inyectar agua desde una cuenca hidrográfica a otra, pues bastaría con arreglar los agujeros por donde se desperdician recursos. Y es que los cálculos manejados estimaban que el porcentaje de agua perdida por el camino debido a no atender necesidades de reparación, era preocupantemente elevado.



¿Por dónde se escapa el dinero público invertido en Osakidetza? Entre otros, por estos agujeros:
• Los quirófanos de cirugía programada (no de urgencia) operan por la mañana y por la tarde de lunes a viernes. Los cirujanos de la mañana cobran su sueldo normal, pero los de la tarde cobran las llamadas “peonadas”, que consisten en una retribución a comisión por enfermo operado, la cual es mayor de lo que cobrarían con el sueldo convencional. Lo lógico sería que el salario fuera igual por la mañana que por la tarde, simplemente con arreglo a la nómina fija.
• Durante muchos años, Osakidetza ha gestionado su asignación presupuestaria mediante el modelo de ‘unidades de gasto’. Cada hospital y comarca sanitaria se constituía como unidad de gasto: Basurto tenía su presupuesto, Gorliz el suyo, la comarca que agrupa ambulatorios del interior de Bizkaia el suyo, etc. Cada unidad de gasto presentaba al Gobierno Vasco su previsión presupuestaria para el año siguiente, y recibía lo proyectado. El problema es que todos hacían lo mismo: decir que se iba a gastar más de lo que realmente se iba a gastar, para así mantener una asignación de dinero fija, porque de lo contrario en los presupuestos de años siguientes el Gobierno daría menos. Es decir, en vez de organizarse con arreglo al gasto real y a las necesidades reales, se inflan los presupuestos. En algún centro se dio el caso de poner escaleras de mármol en vez de otras más baratas -pero igual de funcionales- sólo para no recibir menos dinero al año siguiente.
• Parece que el gobierno vasco de Patxi López tomó ciertas medidas de ajuste con vistas a racionalizar el presupuesto y evitar prácticas como las anteriormente descritas, y lo hizo centralizando gastos. Además, con esta política es posible comprar un mayor número de material para toda la red sanitaria (no en cantidades más reducidas y adaptadas a las famosas unidades de gasto), abaratando así el precio de las adquisiciones. En cualquier caso, la centralización y coordinación del gasto debería haber sido un modo de gestionar la sanidad desde hace mucho tiempo, en lugar de haberse adoptado únicamente a cuenta de la crisis y el descenso de dinero disponible en las arcas públicas.
• También durante muchos años, como en otras Administraciones Públicas, no ha habido una rigurosidad en capítulos como la realización de ciertas obras de reforma en edificios, instalaciones, mantenimiento de todo tipo de material. Como “paga el Estado”, da igual llevar una ambulancia al taller las veces que sea aunque no la reparen bien, porque nadie pide cuentas; no importa instalar puertas por las cuales no caben las camas en una unidad nueva, y que posteriormente se deba mandar hacerlas de dos hojas a todo correr; ni que, en vez de ascensores tipo montacargas para los hospitales, se pongan ascensores normales que no aguantan del todo el peso de las camas, por lo que cada dos por tres es necesario reparar el ascensor, al ir destensándose las correas con el uso; o da lo mismo que materiales de trabajo como sillas de ruedas o camillas se estropeen por falta de mantenimiento y luego haya que hacer una reparación más costosa que si se hubieran arreglado a su debido momento.

En resumidas cuentas, hay dos vías principales de lucha contra el deterioro de la sanidad pública:
1) De cara al exterior, enfrentarse frontalmente contra la privatización, teniendo claro e informando a todo el mundo de que no supone un ahorro para las arcas del Estado -sino todo lo contrario- y que además conlleva inaceptables descensos en la calidad asistencial.
2) De cara al interior (al funcionamiento interno) reivindicar, por la propia supervivencia del sistema, una racionalización del gasto y un replanteamiento de los procesos de trabajo que, además de necesaria, es perfectamente realizable.