Oscuro affaire

“Estoy metido en un oscuro affaire”, cantaban allá por los años ochenta los chicos de Radio Futura. La misma frase podrían decir hoy respetables y muy prósperos conciudadanos nuestros. Están hasta el cuello en un asunto muy feo: no pagar los impuestos que deben pagar.

Según Raúl Burillo, inspector de la Agencia Tributaria, en España las rentas más altas tributan, de hecho y a base de triquiñuelas varias, una media del 4%. Hace algún tiempo, cuando el diario Público aún mantenía su edición en papel, informó de que Iñaki Urdangarin con sus trampas logró bajar su nivel de tributación hasta un 3’5%. Algo ‘realmente’ pasmoso. En fechas más recientes, una noticia publicada en Eldiario.es situaba el promedio de impuestos que pagan las rentas más altas en un 3’5%.

Los asalariados de este país tributan un 20% de sus ganancias. Los más ricos no llegan al 4%. Son las consecuencias de lo que se conoce como “la revolución de los ricos”. Con la llegada al poder de Reagan y Thatcher comenzó esta carrera a la baja en la tributación de las rentas más altas. Los millonarios decidieron que no les venía bien contribuir al sostenimiento del Estado, y a partir de los años ochenta lograron que gobiernos conservadores bajaran los impuestos a las rentas más altas hasta el 30%, cuando anteriormente tributaban un 50% y hasta un 60%.

A partir de 1990, la Unión Europea siguió el mismo camino que EE. UU. y Gran Bretaña en la bajada de impuestos a las grandes fortunas. Desde entonces, además, los Estados de la Unión empezaron a competir entre sí por bajar los impuestos al capital, con el objeto de atraer inversores internacionales a sus respectivos países. Consecuencia de esta carrera es, entre otras cosas, la creación de las SICAV. Se trata de una modalidad de sociedad empresarial (como las Sociedades Anónimas, las Sociedades Limitadas, etc.) en la que se paga al Estado un 1% de impuestos. Sí, habéis leído bien; no me he equivocado al teclear los dígitos. Un 1%. Sólo necesitan reunir un centenar de socios ficticios que echen la firmita, a modo de testaferros, y el Gobierno de turno les concede el derecho a no pagar impuestos.

Entre las SICAV y otras trampas fiscales en la contabilidad de las empresas, como señalaba al principio, el capital acaba pagando a Hacienda un 4% o por ahí.
Bueno, un 4% o menos. A raíz del reciente acuerdo PNV-PSE, uno de cuyos objetivos es precisamente el de reformar la recaudación de impuestos en la Comunidad Autónoma Vasca para que las rentas del capital tributen como les corresponde, nos hemos enterado de que firmas autóctonas como Iberdrola o BBVA han llegado a pagar un 0% de impuestos. De modo que las tenemos ahí plantadas, por lo visto, para hacer bonito, porque lo que es crear riqueza que revierta en el país, nasti de plasti. Por cierto, qué expresión tan ochentera. Como la canción de Radio Futura.

Pero hay más. El Informe Sobre Responsabilidad Social Corporativa señala que de las 35 empresas españolas más grandes, 28 de ellas llevan sus beneficios a paraísos fiscales. Aquí usan el truquito de las Sociedades Participadas, que son empresas-tapadera implantadas en cualquiera de los muchos países que padecen alergia al pago de impuestos, y a vivir que son dos días. Antes, a esto se le llamaba evasión de impuestos. Ahora, que somos más modernos, se le llama “nueva economía”.

Es cierto que nuestro país no se caracteriza precisamente por tener una cultura de respeto al pago de impuestos. La población en general pasa bastante de abonar el IVA cuando viene el fontanero a casa. Y cuando alguien defiende públicamente la necesidad de una reforma fiscal que haga pagar a los ricos lo que les corresponde pagar, las fuerzas del ‘oscuro affaire’, las derechas, siempre recurren a aquello de “eso es demagogia”: al fin y al cabo en este país, grandes y pequeños, ricos y pobres defraudan lo que pueden, cada cual en la medida de sus posibilidades, al erario público. Así que ¿de qué nos quejamos cuando vemos que los ricos pagan menos impuestos que Al Capone?

Sin embargo, los datos de la Agencia Tributaria confirman que el 74% del fraude fiscal procede de las rentas más altas. Los pequeños defraudan, sí, pero ese no es el gran problema de este país.
Los asalariados somos los que llenamos las arcas del Estado con nuestros impuestos. El 20% de nuestro sueldo llega al erario público. En este sentido, deberíamos plantearnos qué legitimidad tiene la derecha, la CEOE, los banqueros, etc., para hablar sobre cómo organizar el Estado, cuando ellos y sus amigos no pagan impuestos. Es como si ponemos bote para hacer una merienda, y uno no aporta dinero porque no le da la gana. Y resulta que ese uno se pone a decir al resto si hay que comprar paletilla o jamón de bellota, o si vamos a comprar platos de plástico en vez de usar de cristal.
Mientras la derecha no pague sus impuestos, están más guapos con la boca cerrada. Cuando consigamos que vuelvan a tributar, podrán entrar en el debate.

Creo que deberíamos incorporar al discurso contra los recortes el debate sobre los ricos que no pagan impuestos. Si al cuerpo de inspectores de Hacienda se les dejara hacer su trabajo, la Sanidad Pública, la Escuela Pública, los Servicios Sociales no estarían en bragas. Necesitamos como agua de mayo que se respete a estos profesionales y que se les dote de medios. Que no se los maltrate como se los está maltratando desde este gobierno.
Luego, también hay otros factores que desangran las arcas del Estado: la corrupción, la ineficiencia en la gestión, la hipertrofia de organismos públicos, la duplicidad de competencias, etc. Cierto. Pero eslóganes reivindicativos como ‘no a los recortes’ me parece que se quedan ya incompletos y pobres, por su simplismo. Bien, no a los recortes. ¿Pero cómo hacemos para evitarlos? Curando la hemorragia de dinero que se llevan los millonarios a paraísos fiscales, y que debería entrar en el circuito de los recursos públicos; aboliendo las SICAV; revisando aquellas disposiciones legales que permiten el abuso empresarial para el impago de impuestos; fijando en toda la UE una política fiscal común que establezca –entre otras cosas- un mínimo en el pago de impuestos para las rentas del capital por debajo del cual nadie pueda colarse.